Adios al «impuesto del sol»

M Garcia

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El Gobierno aprobó el viernes 5 de
octubre un real decreto ley de medidas
urgentes en el sector energético que liquida
el famoso “impuesto al sol”, amplía el bono
social eléctrico para los consumidores vulnerables
y lo extiende a la calefacción, prohíbe
a las eléctricas la práctica del ‘puerta a
puerta’ y suspende impuestos a la generación
de electricidad para intentar aplacar la
actual escalada de los precios de la luz.
El paquete de medidas incluye la anunciada
derogación del denominado «impuesto
al sol» que puso en marcha el Gobierno
del PP para las instalaciones de autoconsumo
eléctrico con más de 10 kilovatios de
potencia. Se simplifica los trámites burocráticos
y técnicos y se reconoce el derecho al
autoconsumido compartido dado que el
66,5% de los españoles vive en bloques de
pisos.
«Por fin este país se libra del gran absurdo
del que se han mofado expertos internacionales»,
declaró Teresa Ribera, la ministra
de Transición Ecológica, en la rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros. En
España hoy apenas hay un millar de autoconsumidores,
frente al más de un millón
que existe en Alemania.
El Ministerio para la Transición
Ecológica presentó un paquete de medidas
para impulsar el desarrollo del autoconsumo
con la idea de «garantizar a los consumidores
el acceso a alternativas más baratas y
respetuosas. La ministra Teresa Ribera,
explicó que el impacto de ahorro en la factura
será «alrededor del 4%» y se trata de
suspender gravámenes durante seis meses
«e ir trabajando en la gran reforma del mercado»,
que «está claro que no es el óptimo».
Con respecto a la pobreza energética y
los consumidores vulnerables se refuerza el
bono social de electricidad elevando un
15% los umbrales de consumo que tienen
derecho a descuento y se crea un nuevo
bono social para calefacción. Además, se
amplían los beneficiarios de este instrumento
a las familias monoparentales y a las
familias dependientes de grado I y II.
Se trata de medidas pensadas para este
invierno, hasta que se perfile la Estrategia
Nacional para la lucha contra la Pobreza
Energética que debe perfilarse dentro de
seis meses y en el que hará que los criterios
de renta «tengan prioridad».
Para proteger a los consumidores el
Gobierno va a prohibir la práctica del «puerta
a puerta», que convence a los clientes
para que abandonen la tarifa regulada
(PVPC) y se pasen al mercado libre, que
termina siendo más caro.

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