El ébola del olivo deja en Madrid una factura de 543.000€ públicos por un solo ejemplar

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Fuente: David Fernández -El Confidencial

Solo se infectó un olivo. Solo uno. Pero la factura para las arcas públicas ha sido, de momento, bastante cuantiosa: 543.156 euros. Y puede llegar a los dos millones de euros contando las indemnizaciones que podrían cobrar agricultores de la zona que han tenido que sacrificar vides sanas como medida de precaución. Es el coste en Madrid de la Xylella fastidiosa, la bacteria conocida como el ébola del olivo. La Consejería de Medio Ambiente asegura que actualmente la comunidad está libre de brotes tras el ambicioso plan de erradicación llevado a cabo en 2018 y este mismo año.

Porque todo comenzó en abril de 2018 en el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés (7.300 vecinos), cuando el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) detectó la bacteria en un olivo concreto en un parcela de media hectárea que el agricultor Luis González tiene en la localidad. Un olivo de la variedad ‘picual’, de ocho años de edad. Uno de los 140 olivos que González tenía plantados. Las alarmas saltaron ese mismo día, cuando la Consejería de Medio Ambiente creó un comité de emergencia y puso en marcha un plan de contingencia.

La amenaza no era baladí. La Xylella fastidiosa supone una enfermedad devastadoraen olivos, almendros y otros cultivos leñosos (puede afectar a 563 especies de vegetales) para la que no existe cura. En octubre de 2013 se detectó por primera vez en Europa, en la región de Apulia (sur de Italia), donde afectó a millones de olivos. En 2015 pasó a Francia, primero en la isla de Córcega y poco después en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. La primera confirmación en España se produjo en noviembre de 2016, en un centro de jardinería en Mallorca, saltando a la Península en junio de 2017 en almendros localizados en la provincia de Alicante. En abril de 2018 se detectaron dos brotes: el de Madrid y otro en Almería.

La consejería ha concretado en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Rafael Gómez Montoya todas las actuaciones llevadas a cabo desde que se descubrió el brote para evitar que este se propagara. «Hemos de decir que se actuó correctamente. Un brote de este tipo puede ser muy grave para los cultivos de la zona y se atajó a tiempo», explica el parlamentario. Lo primero que se hizo es delimitar un perímetro de 100 metros alrededor del olivo infectado y una zona «tampón de cinco kilómetros alrededor que afectó a una superficie de 8.168 hectáreas» en cuatro municipios: Villarejo de Salvanés, Valdaracete, Fuentidueña del Tajo y Villamanrique. El primer municipio constituye la principal área productora de aceite de la Comunidad de Madrid.

En la zona infectada (100 metros alrededor del olivo) se tuvo que tomar muestras en los 345 árboles que había alrededor, eliminando 295 ejemplares, de los que 282 eran olivos. «Fueron arrancados y astillados», explican desde la consejería. Se actuó en la zona con dos tratamientos desinsectantes y tres fitosanitarios con glifosato (un potente herbicida). Luego, en la zona ‘tampón’ se marcaron cuadrículas de 100 por 100 metros en el primer kilómetro y más amplias en el resto para tomar muestras. En total, se analizaron 1.317 árboles (incluidos dos viveros privados) y se colocaron 21 trampas para capturas insectos que podían transportar las bacterias.

Las primeras medidas de emergencia se desarrollaron entre abril y octubre de 2018, con un coste de 269.932 euros. Antes de que acabara 2018 se realizaron nuevas tareas que ejecutó la empresa pública Tragsa, con un coste de 25.884 euros. En 2019, el plan de contingencia se centró «en actuaciones de vigilancia y control que se deben realizar tras un brote», que sumaron otro gasto de 247.340 euros entre marzo y junio de este año. En total, 543.156 euros. En todo Madrid, existen 28.000 hectáreas de olivares, 12.500 de viñedos, 90 de almendros y 30 de frutales, además de 200 viveros, por lo que si la bacteria se hubiera propagado, el daño hubiera sido tremendo.

Medio Ambiente asegura que todas las muestras tomadas hasta el 15 de julio de 2019 (más de 800) «han tenido un resultado negativo», por lo que se puede decir que de momento los árboles de la Comunidad de Madrid están a salvo de esta bacteria. Lo que está haciendo ahora el Gobierno regional es tramitar las indemnizaciones a los agricultores que han tenido que eliminar ejemplares dentro del plan de control. «Esta indemnización se sujeta a lo establecido en el Reglamento 702/2014 de la Comisión Europa por el que se declaran determinadas categorías de ayuda». No está previsto que hasta «finales de este año o principios del próximo» los afectados puedan cobrar.

El Confidencial ha intentado hablar sin éxito con el principal agricultor afectado, Luis González, que no ha querido atender a este diario «porque no quiere saber más de este asunto. Está muy enfadado», explican desde la Cooperativa Aceitera Recespaña, con la que trabaja. Sobre todo porque «todavía no ha percibido las indemnizaciones prometidas»

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