Los ayuntamientos se enfrentan por el nuevo plan para financiar policías de Ayuso

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Por Roberto R. Ballesteros para EL CONFIDENCIAL

La Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero y se extenderá hasta finales de 2024, ya ha empezado a poner patas arriba los Cuerpos de Policía Local de toda la región. Algunos municipios han mostrado abiertamente su disconformidad con los nuevos criterios que el Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso tendrá en cuenta a la hora de determinar la financiación que otorga a cada localidad. Entienden que les perjudican y que pierden dinero. Otros, sin embargo, se mantienen en silencio porque esos recién estrenados parámetros beneficiarán sus arcas y, por lo tanto, la seguridad que pueden prestar al ciudadano desde sus consistorios.

Entre los primeros se encuentra el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Su alcalde, Javier Rodríguez Palacios, se ha quejado públicamente de que el plan que sustituye a las Bescam (anterior sistema de financiación de policías locales, que subvencionaba más por agentes que por proyectos) implantado por la Comunidad de Madrid ha reducido en 750.000 euros anuales el dinero que aportaba el Gobierno regional a su municipio para pagar a sus policías locales y sufragar sus recursos materiales. El regidor, en un mensaje a través de Twitter, calificó de «muy mala noticia» la aprobación de Esicam. «De manera unilateral, nos quitan 750.000 euros en salarios de nuestros policías», protestó antes de anunciar que el consistorio recurrirá a sus propios fondos para seguir financiando el servicio de seguridad. «Pero no es justo sufrir este tipo de artimañas y desprecios por parte de la Comunidad de Madrid», añadió.

No todos los ayuntamientos, sin embargo, parecen disponer de fondos para contrarrestar esta reducción de subvenciones. Desde el sindicato CSIF, entienden que la nueva estrategia aprobada por el consejero de Interior, Enrique López, «reduce asignaciones que Bescam asignaba a muchos municipios» y que esto está empezando a provocar que haya «ayuntamientos que estén retirando policías locales porque no tienen recursos para mantenerlos». El nuevo sistema, aseguran, «hace que se pierdan los incentivos directos que tenían los policías, lo cual les motivaba a seguir». El consistorio de Los Santos de la Humosa, por ejemplo, agregan, ha tenido que dejar que sus tres agentes se busquen la vida por otro lado porque, según les han transmitido a los policías, las arcas municipales ya no pueden cubrir sus nóminas.

«Para que te den financiación ahora tienes que cumplir requisitos como tener al menos cuatro agentes y un oficial en plantilla, lo que implica que muchos pueblos pequeños se queden sin financiación y, por lo tanto, sin corporación», añaden desde CSIF, un sindicato que admite que Esicam permite que varios pueblos se asocien para contar con un cuerpo común, pero que censura que aun así los ayuntamientos seguirían perdiendo dinero. Su opinión no la comparte uno de los impulsores de la iniciativa. El director general de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo, explica que esa limitación de que las plantillas deban ser de cuatro policías como mínimo está establecida en la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no es algo que haya impuesto el Gobierno de Madrid.

Novillo explica que Alcalá de Henares o Los Santos de Humosa han perdido financiación porque tienen un ratio de policías por habitante muy bajo y esta nueva estrategia premia a aquellos consistorios que apuesten por la seguridad. «Bescam vinculaba las subvenciones a policías concretos, pero eso creaba desequilibrios, como que había localidades que recibían seis veces más financiación que otras a pesar de contar con una población similar», recuerda Novillo, que pone el ejemplo de Móstoles, que ingresaba seis millones de euros, y Parla, que apenas alcanzaba el millón en esta partida, cuando ambas cuentan con un número de habitantes parecido. «Por eso hemos aplicado un ratio que va en función de la población; el municipio que tenga más de 1,5 policías por cada mil habitantes recibirá un 25% más de lo que está establecido; el que cuente con más de 1,8 policías contará con un 75% más», subraya.

Los primeros pueblos con cuerpos policiales comunes

Novillo asegura que esto explica que haya habido ayuntamientos que, tras la entrada de la nueva estrategia, vean incrementada su financiación y que haya otros que la vean reducida. «Alcalá no ha apostado por tener un ratio superior a 1,5 policías; está en 1,33, pero si apuesta por elevarlo será compensada«, aventura el dirigente. «Torrejón, por ejemplo, lo ha hecho», ejemplifica. Esta última localidad tiene en concreto 1,83 agentes por cada mil habitantes, lo que provoca que reciba la mayor cuantía posible. «Getafe o Parla también salen ganando», explica Novillo, quien admite que de momento no hay municipios que se hayan asociado para hacer un cuerpo de policía local común, como prevé la ley para aquellas localidades pequeñas que no pueden permitirse tener una institución de seguridad propia, pero asegura que ya hay poblaciones que se lo están planteando.

Es el caso de Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva y Santa María de la Alameda. La primera, con 12 policías. Las otras dos, con cuatro cada una. Las tres cuentan con un ratio de agentes por habitante que supera el máximo. La primera, 2,81 policías por cada mil habitantes. La segunda, 2,54. La tercera, 3,19. Según Novillo, todas están estudiando la posibilidad de asociarse para conformar un cuerpo común que dé servicio a los tres municipios. Si lo hacen, recibirán un 30% de financiación añadida a la que ya reciben por tener una corporación y al plus que también disponen por sus elevados ratios. En la misma línea están Fuentidueña del Tajo y Belmonte del Tajo, dos municipios que cuentan con 2 y 4 policías en plantilla respectivamente y unos ratios de 0,97 y 2,40 agentes por cada mil habitantes. Ambos, explica Novillo, se están planteando asociarse, con lo que podrían obtener igualmente una sustanciosa renta para dedicar a tareas de seguridad.

Pero el proyecto más ambicioso lo pretenden conformar las localidades de Venturada, Bustarviejo, Cabanillas, La Cabrera y Navalafuente, que disponen de entre tres y ocho agentes y ratios comprendidos entre 2 y 4 policías por cada mil habitantes. Sus necesidades, como las de tantos pueblos de la Comunidad de Madrid, que en invierno no tienen demasiados habitantes pero que en verano se puede duplicar o hasta triplicar su población, son muy variadas y más intensas cuando hay fiestas, conciertos o competiciones deportivas. En esos últimos casos, con un único cuerpo, las diferentes poblaciones pueden gestionar mejor sus efectivos y derivarlos donde más son necesarios en cada momento, pues tienen competencia en los tres territorios, argumenta Novillo.

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